Desarrollo, Remesas e Impuestos

Sí, las remesas han permitido a muchas familias incrementar su consumo por encima de la línea de pobreza y su inversión en educación. Y para muchas familias también han significado la construcción de su hogar. Pero las remesas tampoco han generado todo el desarrollo que uno podría esperar de una actividad que equivale al 10% del producto interno bruto (PIB) del país. A lo largo de estos 15 años, en los lugares donde se ha experimentado un crecimiento vertiginoso de las remesas, parte de dichos recursos pudo servir para financiar bienes públicos como drenajes, acceso a agua entubada, sistemas de riego, mejoras en los caminos hacia los mercados cercanos, mejoras a las escuelas y los centros de salud, etc.

El hecho de que muchos de estos bienes públicos aún no se provean en estas comunidades, a pesar del incremento de ingresos, habla de la necesidad de reconocer la función del Estado en la provisión de bienes públicos y de recaudar impuestos de los mismos beneficiarios. También habla de que las transferencias realizadas vía los consejos de desarrollo tienen problemas importantes de gobernabilidad. Respecto al primer punto, debe reconocerse que las remesas son una fuente de ingreso que difícilmente tributa. No hay una campaña que promueva el pago del ISR entre quienes reciben remesas. Tampoco hay legislación para la retención del impuesto por parte de los bancos, las telefónicas y las empresas de envío de dinero. A ello se agrega que la deducción del mínimo vital de Q48 000 para el pago del ISR es elevada, así que muy pocos guatemaltecos pagan impuestos. Y por otro lado, las compras en los mercados cantonales y la informalidad en el interior del país llevan a que tampoco se capture el pago del impuesto por el lado del consumo.

Para muchos, la idea de impulsar un impuesto a las remesas no suena agradable. Y por lo mismo esta idea debe desecharse. Hablarán del esfuerzo de los migrantes, que tuvieron que salir del país porque el país no les ofreció mejores oportunidades. Sin embargo, la discusión del impuesto debe ir más allá de si esta medida es popular o no. Debe partir de reconocer que parte del motivo por el cual tenemos migrantes es, en primer lugar, la falta de bienes públicos en sus comunidades para mejorar la calidad de vida y la productividad de sus actividades económicas. Es importante pensar entonces en los costos y los beneficios a nivel social que se espera derivar de tal acción. Hay ventajas importantes en este impuesto. Debería ser fácil de recaudar: establecer un mecanismo de retención a través de las entidades que se encargan de transferir el dinero permitiría incrementar el cumplimiento del impuesto. Además, debería reducirse la oposición comunitaria al impuesto en la medida en que dichas comunidades reciban la mayoría de los beneficios del impuesto y se les presente la posibilidad de decidir sobre su uso.

Debería considerarse introducir un impuesto del 2% sobre las remesas. Dichos recursos deberían repartirse entre las municipalidades del país con base en el lugar donde residen los beneficiarios de las remesas, mientras el Gobierno central se queda con un 10% para fortalecer a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán). Adicionalmente, la ley debería permitir que las municipalidades puedan recibir, a través de cabildo abierto, la aprobación de la población para incrementar el impuesto hasta un 4% (para las remesas del municipio) con el fin de financiar una lista de proyectos previamente definidos. Cobrar el impuesto a la misma población puede ayudar en el proceso de rendición de cuentas de las autoridades locales.

Para evitar abusos, es necesario desarrollar los mecanismos institucionales que establezcan los límites sobre qué hacer con dichos recursos, cómo se mantendrá informada a la población acerca del uso de los recursos y la calidad del gasto. Aquí el Gobierno central puede jugar un rol importante a través de la Segeplán. El establecimiento de los criterios sobre qué proyectos pueden impulsarse por municipio, el establecimiento de estándares de calidad, la verificación de la calidad de los proyectos y la diseminación de la información deberían ser fundamentales. Además, el enfoque que ha tenido la Segeplán en años anteriores en planificación urbana sería valioso para el desarrollo de dichas localidades en las décadas por venir. Que una municipalidad siga percibiendo estos recursos debería estar supeditado a una evaluación de ejecución por parte de la Segeplán.

P. S.

Tengo pendiente escribir sobre la agricultura familiar. No lo he olvidado. Pero creo que los temas de los que he hablado en las últimas columnas permiten complementar la discusión de una manera multidimensional. El desarrollo industrial fuera de la ciudad de Guatemala es importante para ofrecer oportunidades de empleo como una alternativa hoy al ejército de reserva agrícola y como una alternativa futura en la medida en que la productividad agrícola se incremente. La tecnología, desde las máquinas para sembrar y cosechar hasta la investigación en semillas, conlleva dicho aumento en la productividad. Y la educación vocacional complementa dicho proceso al proveer los mecanismos de difusión e implementación de mejores prácticas en la agricultura y en la industria. La columna de hoy va enfocada a fortalecer la provisión de bienes públicos en el interior del país, que pueden ayudar a potenciar el desarrollo tanto de la agricultura familiar como de la industria en el interior del país.